Por José Cruz Campagnoli | La Legislatura porteña comenzó a debatir un
proyecto de ley impulsado por el macrismo para transferir el predio
llamado "El Dorrego", del barrio de Colegiales, propiedad de la Ciudad
de Buenos Aires y que tiene un valor cercano a los 60 millones de pesos,
a un consorcio de empresas privadas liderado por el Grupo Clarín, con
el fin de desarrollar allí el Centro Metropolitano Audiovisual (CMA).
Tiempo Argentino | Se
trata de una iniciativa que el Grupo Clarín promueve a través de Adrián
Suar, uno de sus socios en la productora Pol-K (Artear SA del Grupo
Clarín posee un 55% del paquete accionario) y gerente de programación de
Canal 13, la señal insignia del multimedios. La iniciativa de Clarín no
es una acción aislada. Por el contrario, forma parte de la alianza que
sostiene el grupo de medios más concentrado del país con Mauricio Macri
en la Capital Federal.
En 2011, Prima, una empresa del holding controlado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, fue el único oferente de una licitación hecha a medida por el Ministerio de Educación porteño para entregar conexión a Internet y una netbook a cada uno de los alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad.
Cabe destacar que el Gobierno porteño pagó U$S 919 por cada computadora, tres veces más de lo que pagó el gobierno nacional por las netbooks del programa Conectar Igualdad (U$S 323 dólares por unidad). Macri devolvió la gentileza este año al promover su Ley de Medios en el ámbito de la Ciudad, construyendo una malla de amianto jurídica para proteger a las principales corporaciones de medios que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires, desconociendo la Constitución Nacional y la jurisdicción de la Ley de Medios sobre todo el territorio argentino. Ahora, el Gobierno de la Ciudad busca favorecer al Grupo Clarín cediendo el predio El Dorrego, ubicado en las calles Dorrego y Zapiola.
Quienes militamos por un proyecto de ciudad inclusivo y democratizador tenemos la obligación de debatir las implicancias de la iniciativa y ofrecer a la sociedad y a los actores del sector audiovisual una propuesta alternativa. La creación del CMA en manos de la principal productora de contenidos del país fortalecería los procesos de integración vertical y concentración de la industria al darle a un pequeño conjunto de empresas la posibilidad de construir un "pequeño Hollywood" para sus negocios, en el centro de Buenos Aires.
No queremos que El Dorrego se convierta en un predio abandonado. Queremos que este predio sea la base de iniciativas que le den vida al barrio de Colegiales. No nos oponemos a la iniciativa privada en el sector audiovisual. Desde el espíritu de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se pueden pensar las mejores políticas para el sector en la Ciudad y para el predio de El Dorrego en particular. Con ese criterio, proponemos convocar a las asociaciones de profesionales (directores, técnicos, realizadores), las cámaras de productoras independientes y pymes, los sindicatos, el sector universitario y académico, las múltiples organizaciones que nuclean a los actores del sector. Y con todos ellos, constituir una mesa de trabajo, que ponga como presupuesto básico la generación de una política de fomento del sector audiovisual y construya un esquema de cogestión del espacio.
Esta medida permitiría incluir a una multiplicidad de actores que quedan afuera de la propuesta elevada por el gobierno de la Ciudad, que sigue impulsando políticas públicas que tienden a la concentración y la exclusión de vastos sectores de la sociedad, en contraposición al modelo de país inclusivo y democratizador que propone el proyecto nacional.
Este contraste entre ambos modelos volvió a quedar nuevamente en evidencia en estos días. Mientras el gobierno de la Ciudad intenta volver a favorecer a Clarín, la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) entregó los primeros 3 millones de pesos del Fondo de Fomento Concursable para el financiamiento de radios comunitarias y de pueblos originarios: un paso más para posibilitar el desarrollo efectivo de nuevos medios de comunicación en la Argentina y, de esta manera, dar un paso más en la democratización de la comunicación.
En 2011, Prima, una empresa del holding controlado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, fue el único oferente de una licitación hecha a medida por el Ministerio de Educación porteño para entregar conexión a Internet y una netbook a cada uno de los alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad.
Cabe destacar que el Gobierno porteño pagó U$S 919 por cada computadora, tres veces más de lo que pagó el gobierno nacional por las netbooks del programa Conectar Igualdad (U$S 323 dólares por unidad). Macri devolvió la gentileza este año al promover su Ley de Medios en el ámbito de la Ciudad, construyendo una malla de amianto jurídica para proteger a las principales corporaciones de medios que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires, desconociendo la Constitución Nacional y la jurisdicción de la Ley de Medios sobre todo el territorio argentino. Ahora, el Gobierno de la Ciudad busca favorecer al Grupo Clarín cediendo el predio El Dorrego, ubicado en las calles Dorrego y Zapiola.
Quienes militamos por un proyecto de ciudad inclusivo y democratizador tenemos la obligación de debatir las implicancias de la iniciativa y ofrecer a la sociedad y a los actores del sector audiovisual una propuesta alternativa. La creación del CMA en manos de la principal productora de contenidos del país fortalecería los procesos de integración vertical y concentración de la industria al darle a un pequeño conjunto de empresas la posibilidad de construir un "pequeño Hollywood" para sus negocios, en el centro de Buenos Aires.
No queremos que El Dorrego se convierta en un predio abandonado. Queremos que este predio sea la base de iniciativas que le den vida al barrio de Colegiales. No nos oponemos a la iniciativa privada en el sector audiovisual. Desde el espíritu de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se pueden pensar las mejores políticas para el sector en la Ciudad y para el predio de El Dorrego en particular. Con ese criterio, proponemos convocar a las asociaciones de profesionales (directores, técnicos, realizadores), las cámaras de productoras independientes y pymes, los sindicatos, el sector universitario y académico, las múltiples organizaciones que nuclean a los actores del sector. Y con todos ellos, constituir una mesa de trabajo, que ponga como presupuesto básico la generación de una política de fomento del sector audiovisual y construya un esquema de cogestión del espacio.
Esta medida permitiría incluir a una multiplicidad de actores que quedan afuera de la propuesta elevada por el gobierno de la Ciudad, que sigue impulsando políticas públicas que tienden a la concentración y la exclusión de vastos sectores de la sociedad, en contraposición al modelo de país inclusivo y democratizador que propone el proyecto nacional.
Este contraste entre ambos modelos volvió a quedar nuevamente en evidencia en estos días. Mientras el gobierno de la Ciudad intenta volver a favorecer a Clarín, la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) entregó los primeros 3 millones de pesos del Fondo de Fomento Concursable para el financiamiento de radios comunitarias y de pueblos originarios: un paso más para posibilitar el desarrollo efectivo de nuevos medios de comunicación en la Argentina y, de esta manera, dar un paso más en la democratización de la comunicación.
